El plan Meller- Carlos Peña

A continuación les adjuntamos el comentario del domingo pasado de Carlos Peña sobre el informe que emitió la comisión de equidad. Está bien interesante.


El plan Meller

Es difícil exagerar la importancia de la Comisión Meller (pocas veces fue más justo
llamar a una comisión por el nombre de quien la presidió). Su informe final (246
páginas de buenas ideas y reflexiones sensatas) producirá eso que los lingüistas y los
filósofos llaman un efecto performativo: una nueva realidad en el ámbito de las políticas
sociales. Ya no se podrá hablar de ese tipo de temas de la forma en que hasta ahora se
había hecho.
El informe despeja un asunto que es básico para la convivencia: nuestros niveles de
desigualdad, conviene la Comisión, son intolerables y el mercado no logrará
remediarlos por sí solos. En ese enunciado están de acuerdo todos, derecha e izquierda,
moros y cristianos, creyentes de Hayek o Friedmann y lectores de Rawls o de Sen,
empresarios y sindicalistas. Todos. Nadie descree del mercado; pero ya nadie le atribuye
poderes demiúrgicos. No es poco para un país que, hasta hace poco vivió hipnotizado o
crispado -según el lugar de cada uno- por la teoría del chorreo.
Esa discusión se acabó. Ahora no hay duda: si queremos superar la desigualdad se
requieren mayores grados de activismo público. No podemos confiar en la
espontaneidad del mercado.
No es poco para un país que había convertido al mercado en una superstición. Y a la
economía neoclásica en el sucedáneo de las ciencias sociales.
El informe reposa, además, en la convicción de que la igualdad no es un rival de la
libertad. No es cierto -sugiere el informe- que debamos escoger entre ser más iguales
(tolerando una disminución de la libertad) o ser más libres (aceptando pagar el precio de
la desigualdad).
Hasta hace poco había quienes (haciendo pie, dicho sea de paso, en un ensayo de
Berlin) pensaban que la intervención del Estado desmedraba la libertad humana. El
informe arriba a la conclusión contraria: la acción del Estado puede expandir la libertad.
Si la libertad no es simple ausencia de coacción por parte de un tercero (como creía
Berlin), sino también la presencia de capacidades para escoger (como sugiere Sen, a
quien el informe cita), entonces el Estado puede hacer mucho por la libertad ¡Tenemos
que ser más iguales porque queremos ser más libres!
Todavía el informe sugiere que el crecimiento no riñe con la distribución. Recién ayer
solía decirse que "antes de repartir la torta, había que hacerla". Sonaba bien, pero era
falso. Para crecer, sostiene el informe, se requiere dotar de capacidades a todos y para
eso hay que tener políticas sociales más agresivas. Mejorar la distribución es un
requisito del crecimiento. Ser injusto no sólo es inmoral, es también un despilfarro.
Esos principios que el informe explicita -mayor activismo para superar la desigualdad,
expandir la libertad y crecer, todo al mismo tiempo- son los que justifican ampliamente
las medidas que ese puñado de personas de todos los sectores, luego de deliberar
durante ocho meses, proponen: subsidios al ingreso laboral; transferencias a los niños
más pobres; estímulo a las intervenciones sociales por parte de las organizaciones
civiles; mejoras en los incentivos a la capacitación laboral; premios al rendimiento
escolar.
Ninguna de esas medidas estimula la mendicidad frente al Estado o descreen de la
iniciativa personal. En cambio, todas suponen la incorporación al mercado del trabajo o
al sistema escolar. Como explica el informe, la mejor política social es la que alienta a
las personas a capacitarse, buscar empleo y trabajar. Ese es el único camino para
mejorar la autoestima personal y alcanzar la autonomía.
Por supuesto hubo discrepancias; pero son todas razonables. Nada de qué alarmarse.
La más importante de ellas fue la que se planteó en torno a si la política social debía o
no expresarse en derechos.
Esa es una vieja disputa (como lo muestra el libro de Marshall sobre ciudadanía, clase
social y desarrollo) y las dos posiciones habituales se manifestaron aquí. Por una parte,
hubo quienes sugirieron que las metas de la política social se expresaran en derechos y,
por la otra, quienes aconsejaron mantenerlas como objetivos públicos a ser evaluados.
Mientras la primera posición entrega el control de la política social a los tribunales; la
segunda la deja en manos de la política. Las dos -a pesar de lo que ocurrió en el
Consejo- no corresponden exactamente a posiciones de izquierda y de derecha. Hay
gente de izquierda que le parece insensato transformar todas las demandas en derechos.
Y hasta cierto punto tienen la razón.
Hubo además discrepancias instrumentales -en la negociación colectiva, por ejemplopero
todo ello sobre el fondo de un acuerdo unánime: la desigualdad es intolerable, el
mercado por sí sólo no la va a remediar, necesitamos más activismo público centrado en
el trabajo y en los más pobres.
No es poco. Es mucho más de lo que cualquiera se habría atrevido a decir hace cosa de
apenas cinco años. Es cierto que este informe tiene el peligro de quedarse en palabras o
enredado en tropiezos, pero incluso si eso ocurriera, el documento, firmado por
personas de todos los sitios, estará allí. Casi un plan de gobierno para quien quiera
hacerlo suyo.
El plan Meller podríamos comenzar a llamarlo.